Cataluña ha sido una comunidad autónoma especialmente activa en los programas europeos de prevención del suicidio, sobre todo a través de su colaboración con la EAAD, tanto en su fase I (Hospital de San Pau y la Santa Creu y dispositivos de salud mental de L´Eixample Dreita barcelonés) como en su fase II (Hospital Parc Taulí y sus dispositivos de salud mental).
Es por ello por lo que se comprende que, más sensibilizada y más experimentada, se decida a implantar, durante 2014 y 2015, un programa de alcance autonómico: el Programa Codi Risc Suïcidi (CRS).
Sus objetivos son:
- Crear un protocolo específico de actuación urgente común para todos los agentes sanitarios implicados, especialmente en los servicios de emergencias.
- Asegurar un procedimiento homogéneo de actuación en los servicios de urgencias hospitalarias.
- Implantar un procedimiento de seguimiento post-alta de urgencias y/u hospitalización.
- Garantizar el seguimiento por los servicios de salud mental y de atención primaria durante los 12 meses siguientes al intento.
Y sus ejes de actuación:
- Elaboración del mapa de recursos y diseño de rutas asistenciales.
- Elaboración de protocolos de actuación para cada dispositivo asistencial del sistema sanitario de Cataluña.
- Creación de un sistema de información que permita la coordinación entre dispositivos, el registro de casos y la identificación de variables de riesgo.
En definitiva, crear procedimientos y protocolos que garanticen una actuación coordinada y homogénea en y entre los dispositivos asistenciales de la red sanitaria catalana para la detección, información e intervención ante la conducta suicida, priorizando la identificación de las personas “con” código de riesgo suicidio (registro de casos), su detección temprana y, sobre todo, su intervención y seguimiento proactivo.
No se conocen sus resultados, toda vez que el programa es de relativa reciente implantación. Tampoco está disponible información divulgativa de acceso público, lo cual lamentamos profundamente (sobre todo cuando otros programas autonómicos (como el de Navarra) poseen una profusa información y documentación, libremente accesible).
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